Claroscuros de MiFID II

  • 19-06-2019

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La entrada en vigor de la Directiva MiFID II hace apenas año y medio ha supuesto para todas las entidades que prestan servicios de inversión un importante proceso de adaptación, al verse obligadas a dar respuesta a ciertas cuestiones que sin duda han representado un reto para su modelo de negocio.

Con la nueva norma Europa perseguía crear un sistema financiero más responsable y seguro, confiriendo a los mercados mayor transparencia y ofreciendo a inversores minoristas y profesionales un nivel superior de protección. No obstante, y a pesar de que estas premisas de partida resultarían sin duda beneficiosas para clientes y sistema financiero en general, no todas las implicaciones de la entrada en vigor de la Directiva han resultado ser provechosas para los diferentes actores del sistema.

Desde la perspectiva del cliente, por un lado, encontramos que el exceso de información ha podido implicar de forma paradójica mayor desinformación para este, no facilitando siempre el objetivo de hacer el mensaje comprensible el hecho de recibir tal cantidad de información antes y durante la contratación de un producto financiero y suponiendo para algunos clientes una molestia más que un mayor entendimiento.

A esto hay que sumarle la desmedida burocratización y el incremento de trámites administrativos que suponen a su vez un coste adicional para el cliente. Sirve como ejemplo de tal circunstancia, entre otros, la obligatoriedad impuesta por MiFID II de proveer a todas las personas jurídicas de un código alfanumérico con el que identificarlas en las transacciones financieras de todo el mundo, el llamado código LEI. Hacerse con él no sólo supone coste en tiempo para el cliente al obligarlo a gestionar ante el organismo pertinente su obtención sino también económico al tener que pagar tanto por la solicitud inicial como por su renovación anual.

El conjunto de desventajas expuestas hasta ahora desde la óptica del cliente aplican también a las empresas de servicios de inversión que han visto cómo sus costes operativos se han incrementado, impactando especialmente en aquellas de pequeño tamaño, y viéndose obligadas en la mayoría de los casos a realizar esfuerzos importantes de adaptación para poder gestionar la cantidad de datos e información que se ha visto incrementada como consecuencia de la implantación de la normativa.

Más allá de los loables e imprescindibles objetivos de transparencia y protección al inversor que pretendía MiFID II nos encontramos, pues, con un entorno de sobrerregulación que no siempre facilita la consecución de los mismos sino que en ocasiones supone una dificultad añadida, aunque seguramente necesaria, para clientes y entidades.