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¿Hacia una nueva reforma de las pensiones?

  • 14-11-2018

  • 3 minutos

FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía aplicada, ha publicado un informe que analiza las posibles consecuencias de la derogación de la reforma de 2013 de la normativa sobre pensiones, señala las posibles adversidades a las que la economía deberá hacer frente en caso de producirse un cambio sobre el esquema que planteó la reforma de 2013 de la seguridad social. Tras analizar en profundidad los elementos que pueden influir en la posible nueva reforma, FEDEA plantea la mejora de la productividad como objetivo prioritario de nuestra política económica, entre otras cosas porque, señalan, sería la mejor garantía de futuro posible para el estado de bienestar.

Claves de la reforma de 2013 de la Seguridad Social

La reforma de 2013 de la Seguridad Social introdujo dos mecanismos de ajuste automático que buscaban garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones español. El primero de ellos, conocido como factor de sostenibilidad, ligaba la cuantía inicial de las pensiones a la evolución de la esperanza media de vida en el momento de la jubilación. El segundo, el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), intentaba evitar que los gastos del sistema excediesen permanentemente a sus ingresos por el procedimiento de ligar la tasa de actualización anual de las pensiones ya en vigor con la situación financiera (observada y prevista) del sistema a medio plazo, abandonando la referencia tradicional del Índice de Precios al Consumo (IPC).

El acuerdo alcanzado por el anterior Gobierno del PP con el PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 dejó a la reforma de 2013 en una situación muy precaria. En principio, el acuerdo establecía un paréntesis en la aplicación de la reforma, aplazando la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta un máximo de cinco años y suspendiendo temporalmente la aplicación del IRP para revalorizar las pensiones durante 2018 y 2019 a una tasa del 1,6% anual, próxima la inflación esperada y muy superior al 0,25% que establecía la norma suspendida en las circunstancias actuales.

Cambio de rumbo permanente

En la práctica, además, todo apunta a que el cambio de rumbo será permanente pues prácticamente ningún partido defiende ahora la necesidad de contener el crecimiento del gasto en pensiones en las negociaciones en curso en la Comisión del Pacto de Toledo. De hecho, recientemente parece haberse alcanzado un acuerdo en este foro para recuperar el IPC, al menos como referencia principal, para la revisión anual de las pensiones, aunque la redacción elegida (“en base al IPC real”) deja un cierto margen para la interpretación.

Desmantelar la reforma de 2013 no es buena idea, y mucho menos aún si se hace sin contar con un plan realista y detallado de cómo se piensa garantizar la equidad intergeneracional y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones durante las próximas tres décadas, en las que nos enfrentaremos a circunstancias demográficas muy adversas (para las finanzas del sistema) como resultado de la llegada a la jubilación de la generación del baby boom, la caída de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida.

Situación proyectada del sistema en 2050

En este apartado se pone el foco en la situación prevista en nuestras proyecciones del sistema de pensiones en el momento más complicado de la transición demográfica, que podemos situar en torno a 2050 con el pico de la tasa de dependencia. El Cuadro 1 muestra los valores proyectados en esa fecha de una serie de indicadores en cada uno de los cuatro escenarios que hemos analizado (inmigración moderada o alta, con o sin la reforma de 2013). Como nota, se añaden también al cuadro los valores proyectados de algunas variables de interés correspondientes al promedio de los años 2020-50 :

Fuente: Fedea Policy Papers – 2018/09

Conclusiones

Nuestros resultados sugieren que un sustancial incremento de la inmigración por encima de las previsiones centrales de Eurostat para España tendría efectos positivos a medio plazo sobre las cuentas de nuestro sistema de pensiones y diluiría los muy considerables costes económicos que comportaría la supresión de la reforma de 2013, pero no hasta el punto de convertir en inocua esta medida.

Incluso bajo el escenario migratorio más favorable que quepa contemplar (e ignorando los posibles efectos adversos de la inmigración sobre la productividad media), la derogación de esta reforma es una decisión que no puede tomarse a la ligera por motivos de equidad intergeneracional y porque supondría incrementar de forma muy significativa la presión que el sistema de pensiones ejerce sobre unas cuentas públicas que todavía registran un déficit importante y un elevado nivel de deuda en el mejor momento del actual ciclo económico y que, además, tendrán que acomodar en el futuro unas necesidades crecientes de gasto en funciones como la sanidad o la dependencia que también son muy sensibles al rápido proceso de envejecimiento de la población en el que nos encontramos.

Así pues, la mejora de la productividad ha de ser un objetivo prioritario de nuestra política económica, entre otras cosas porque sería la mejor garantía de futuro posible para el estado de bienestar.