Un año de MiFID II: ¿Qué ha supuesto su implementación?

  • 10-01-2019

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Hace justamente un año dábamos la bienvenida a MiFID II, la normativa europea que ha provocado que toda la industria de la gestión de activos se haya visto obligada a transformarse tras su entrada en vigor. A finales del pasado mes de diciembre se aprobaba el Real Decreto de desarrollo de la Ley de Mercado de Valores para su adaptación a dicha normativa. Se completa así la transposición al ordenamiento jurídico español del paquete regulatorio de MiFID II que venció en julio de 2017, motivo por el cual la Comisión Europea interpuso una demanda a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento.

El objetivo de MiFID II es reforzar la protección al inversor, aumentando el nivel de concreción y exigencia en las obligaciones de información al cliente. Tras cumplir un año de vida, hemos querido conocer de primera mano qué ha supuesto en el día a día de los expertos la introdución de MiFID II, qué es lo que más les ha costado hacer a las entidades y qué flecos quedan pendientes por rematar.

Gloria Hernández Aler, socia de FinReg 360

¿Qué ha supuesto en el día a día en tu trabajo la implementación de MiFID II?

Sin lugar a dudas, he tenido más trabajo porque es una norma que a todo el sector financiero le afecta. En FinReg todos nuestros clientes son entidades financieras con lo cual imagínate la cantidad de trabajo que tienes cuando hay una norma que afecta al 100% de tus clientes, mucho trabajo.

¿Cuáles son las dudas que más os consultan?

Hay un primer bloque sobre el modelo de negocio ya que MiFID II te dice, a las entidades financieras, cómo tienes que cobrar por la prestación de servicios de inversión. Entonces, en un negocio que te digan cómo tienes que cobrar en ocasiones requiere una reflexión de carácter estratégico y de negocio, pensar cómo quieres ofrecer los servicios, ponerlos en valor, de qué forma puedes cobrar los márgenes que te sean suficientes para pagar las nóminas, el alquiler, etc.

Por lo tanto, existe un primer grupo que es el del modelo de negocio y después hay otros temas de carácter más formal: dar cumplimiento a los nuevos requisitos, sobre todo de información al cliente. MiFID II es una norma que lo que pretende es proteger más a los inversores, los minoristas principalmente, pero también a los profesionales, dándoles más información, haciendo que las entidades financieras cuando les prestan un servicio de inversor o les venden un producto financiero les informen mejor porque las entidades tienen que tener mejor formados a sus empleados y la documentación que se le tiene que dar al cliente tiene que estar más clara y más desglosada (todos los costes, los efectos que puede suponer la compra de un determinado producto financiero,…).

¿Por qué estamos asistiendo a un trasvase del asesoramiento a la gestión discrecional de carteras?

La principal diferencia redice en que en el asesoramiento la entidad da una recomendación al cliente, el cliente se lo piensa y si quiere la ejecuta; mientras que en la gestión discrecional de carteras tú le das un mandato a un gestor dentro de una entidad, es decir, por ejemplo, gestióname estos cien mil euros de acuerdo con unos parámetrros de inversión. Aquí el cliente se olvida y el gestor analiza en qué instrumentos puede invertir y da directamente la orden.

En la gestion discrecional de carteras y en el asesoramiento, si el asesoramiento es independiente, se prohíbe el cobro de retrocesiones. Es decir, que el asesor o el gestor se quede algo de lo que las gestoras les puedan dar por invertir en esos productos. Eso te lleva, o bien a devolver las retrocesiones que cobres de esos fondos donde has decidido invertir o bien que nunca las cobres y, por tanto, tengas que cobrárselas al cliente. Llegados a este punto, el cliente aprecia más valor en la gestión discrecional de carteras porque está dispuesto a pagar por eso, está dispuesto a pagar una determinada cantidad de dinero y olvidarse del día a día de la gestión, ahí es donde ve valor.

¿Qué aspectos les está costando más a las entidades a la hora de adaptarse?

A las entidades grandes todo lo que son temas informáticos. Por ejemplo, un tema que está costando bastante en la industria española es el tema de las grabaciones ya que la norma te obliga a grabar cualquier conversación con un cliente que pueda desembocar en una orden. Esto, cuando tienes miles de clientes que pueden llamar por distintos motivos y que finalmente pueden acabar hablando de instrumentos financieros, es muy costoso (plantea problemas de protección de datos). Si la CNMV te pidiera una determinada conversación, tendrías que ser capaz de identificar una en concreto. Todo eso, para una entidad grande en un plazo de cinco años es una barbaridad.

Hay un grupo de problemas que son de carácter informático, de costes y luego otros de negocio, el que te digan cómo tienes que cobrar o te obliguen a unas formas de cobro explícito que modifica el modelo de negocio es algo que cuesta bastante a las entidades.

Jorge Fernández, senior manager legal de EY

¿Qué ha supuesto en el día a día de tu trabajo la implementación de MiFID II?

Ha supuesto mucho trabajo durante los últimos cinco años, en donde hay entidades que se pusieron muy pronto a trabajar. Este cuento de «Pedro y el lobo» de que viene la norma pero no acaba de estar, la verdad que no está ayudando porque cosas que se hicieron al principio, por luego como ha ido evolucionando la directiva, no ha sido como inicialmente se tenía previsto.

¿Qué les está suponiendo más tiempo a las entidades?

MiFID II te obliga a rediseñar tu modelo de negocio. Para entidades con una dimensión reducida o media el cumplir bien (lo que supone controles, documentación, personal y formación) es una inversión en coste económico directo.

¿Realmente la normativa ha llevado implícita una mejora en la calidad del servicio?

Creo que sí, poco a poco se ha ido degradando el principio fundamental de mejorar el servicio de asesoramiento como se tenía inicialmente pensado con MiFID II pero sí que pienso que han evolucionado las propuestas de inversión, están evolucionando los informes de seguimiento. Ya solamente con el ruido de hablar de MiFID II se está aumentando la cultura financiera entre los clientes donde se está provocando que sea el propio cliente el que te pide más información y se plantee cosas que antes no se planteaba. Todavía queda mucho camino por delante pero sí que creo que esta norma va a conseguir beneficiar al cliente.

MiFID II cumple un año este mes. ¿Qué recomendaciones darías a las entidades?

MiFID II, para aquellas entidades que no lo hayan hecho, supone una oportunidad excelente para pararse en el día a día (sabiendo lo complicado que es: viajes, trabajo, reuniones con clientes,…), pero sí que requiere un tiempo de reflexión profundo sobre a dónde quieren ir las entidades en el medio y largo plazo. Incorporar parches para cumplir con lo que va saliendo, se va a acabar. Además, ahora el supervisor ya cuenta con armas para inspeccionar bien.

Miguel Sancho Monjo, asociado senior en Cuatrecasas

¿Realmente la normativa ha llevado implícita una mejora en la calidad del servicio?

La idea es esa, que MiFID II tenga como resultado una mejora en la calidad del servicio de todos los servicios de inversión en general y, en relación con el asesoramiento, para aquellos que no sean independientes que no se limiten a ofrecer o recomendar productos de entidades que tienen acuerdos, sino de entidades terceras, con lo cual el cliente tiene un mayor abanico de productos donde poder invertir. Luego el asesoramiento independiente, en la medida en que se establezca España por parte de algunas entidades, sí que mejorará la calidad del servicio ya que el asesoramiento que reciba por parte de las EAFIs será totalmente independiente, imparcial y objetivo.

¿Recomendaciones para las entidades?

Ser conscientes del nuevo panorama actual, de que esto influye en el modelo de negocio tanto en términos de prestación de servicio como en términos económicos. Básicamente las alternativas que tienen las entidades son las que directamente da la norma a nivel de regulación.